Alarma entre los cazadores por la aparición de cebos envenenados

EUGENIA PAIZ |  Santa Cruz de La Palma

El uso de cebos envenenados en el entorno rural de la isla de La Palma es una práctica generalizada, algo que preocupa especialmente a los expertos. La muerte por envenenamiento de nueve perros de caza en el sendero que va desde el puerto bagañete hasta el Time, recorrido incluido en la Red Insular de Senderos de La Palma, ha disparado todas las alarmas entre los más de 5.000 cazadores de la Isla, que en plena temporada, han acordado la celebración de una asamblea extraordinaria de la Federación Insular de Caza de la que emanarán, tal y como ha podido saber este periódico, una serie de acuerdos entre los que figura la solicitud al Cabildo palmero del mantenimiento del convenio de vigilancia, que la institución prevé no renovar con la Federación para conseguir una mayor contratación de agentes de medio ambiente dependientes de la institución insular.

Los cazadores intentan reanimar a los perros pero es inútil. Los animales mueren entre grandes dolores. | DA
Los cazadores intentan reanimar a los perros pero es inútil. Los animales mueren entre grandes dolores. | DA

 

“Esto que ha ocurrido es un atentado contra los animales, contra la práctica de la caza en la Isla y también un atentado contra el medio ambiente”, explica el presidente de la Federación Insular de Caza, Francisco Javier Triana. “Todos los cazadores de la Isla estamos con el compañero que ha perdido a sus animales de un modo tan doloroso por la acción de alguien que ha actuado con ensañamiento y que ha causado un daño moral muy importante, además de un grave daño económico, de unos 15.000 euros o más”.

El afectado, un joven de El Paso, ya ha cursado la preceptiva denuncia y es ahora la entidad que agrupa a los cazadores federados de la Isla la que estudia personarse como acusación una vez el Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona, concluya una investigación que iniciaron tras conocerse los graves hechos.

Los casos de enveneamiento a animales tienen especial incidencia en La Palma, llegando a afectar en más de una ocasión a aves protegidas. Así al menos lo han recordado en reiteradas ocasiones desde la SEO/BirdL, la Sociedad Española de Ornitorrología, organismo desde el que reconocen que de todo el territorio canario, destaca especialmente el caso de La Palma, que “resulta singular porque es donde más uso de venenos se hace”.

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La muerte de nueve perros de caza en Tijarafe, apuntan los cazadores, “fue intencionada”. Los animales murieron entre grandes sufrimientos después de ingerir muslos de pollo que estaban a lo largo de una zona del sendero donde ya realizan labores de limpieza cuadrillas de Medio Ambiente para evitar nuevos incidentes. Pese a ese celo por parte de la administración insular, los cazadores no se quedan tranquilos y “procederemos a revisar toda la zona y todo el sendero para comprobar que no quedan restos de la carne envenenada”.

 

Pese a todo, las primeras consecuencias económicas por el luctuoso hecho ya se han dado. Los cazadores han decidido dejar de cazar en Tijarafe, uno de los tres municipios palmeros, junto a Puntagorda y Garafía, que durante la presente temporada de caza se ha visto más beneficiado económicamente por esta actividad cinegética, que atrae al municipio a más de 700 cazadores cada jueves y domingo, días hábiles hasta diciembre para la práctica de este deportes. “Nadie quiere ahora poner en peligro a sus animales y son muchos los que evitarán la zona pese a que es donde más conejos hay y donde la actividad resulta más atractiva por el número de capturas”.

Antecedentes penales

El Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma, condenó dos años atrás a un vecino de barrio de Botazo, en el municipio de Breña Alta, como “autor penalmente responsable de un delito contra la fauna” a ocho meses de multa, además de declarar su inhabilitación para el ejercicio de la caza y la pesca durante los próximos dos años. La condena llegó tras prosperar la denuncia de oficio del ministerio fiscal en La Palma, que logró probar que ese vecino esparció, a escasos metros de una zona de especial protección para aves y dentro de su huerta, “cebos hechos con granos de millo impregnados en lejía y furadán”.

Se trata de un compuesto plaguicida de uso fitosanitario cuya sustancia activa está prohibida por ser altamente tóxica para las aves y fácilmente metabolizable.

Este es solo un ejemplo de la gravedad de estas prácticas, extendidas sobre todo, y según confirman desde la Sociedad Española de Ornitorrología, entre colectivos como los cazadores, los ganaderos y los agricultores.

Si bien no son muy numerosos los casos que llegan a los tribunales por estos hábitos, sobre los que se legisló a partir de la década de los 80, desde la Sociedad Española de Ornitorrología se llama la atención sobre los enormes daños que ocasionan estos delitos y las consecuencias nefastas sobre la fauna por los perjuicios medioambientales que provocan.